El reclutamiento forzado de menores no es un delito autónomo en Baja California, y el 28 de septiembre de 2026 la exigencia de tipificarlo volvió al debate público mientras la Fiscalía General del Estado reconocía la presencia del fenómeno sin dar a conocer cuántos casos se han registrado en la entidad, de acuerdo con La Voz de la Frontera. El titular del Poder Judicial estatal dijo no tener información sobre el tema.
En el Congreso del Estado la vía existe, pero sigue detenida en comisiones. Una iniciativa del diputado Humberto Valle, presentada en julio de 2026, adiciona al Código Penal estatal el delito de reclutamiento forzado por el crimen organizado, con penas de hasta 20 años de prisión y agravantes cuando la víctima sea menor de edad o haya sido captada mediante medios digitales, según Tecate Informativo. El mismo paquete incorpora el delito de operación de campos de exterminio y adiestramiento para el crimen organizado, con penas de hasta 40 años de prisión. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
Los datos disponibles provienen sobre todo de los colectivos de búsqueda. Zeta Tijuana documentó el 22 de agosto de 2026 que entre 12 y 14 personas desaparecidas se reportaron solamente en las colonias Palma Real y Homex, en Tijuana, entre ellas una de 14 años, y que la entidad acumula más de 5 mil personas desaparecidas y más de 13 mil restos humanos sin identificar, cerca del 18 por ciento del total nacional. Un informe de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud de inicios de 2026 documentó a menores de entre 6 y 10 años captados por organizaciones delictivas y usados como vigilantes, mensajeros de droga o transporte de armas, reportó El Gráfico.
“A veces son jóvenes que han sido abandonados, son jóvenes que no tienen una oportunidad», declaró Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana estatal, al explicar que la captación suele comenzar con droga gratuita y continuar con la venta de sustancias y el halconeo, según declaraciones recogidas por Código Naranja en diciembre de 2025.”
El siguiente paso está en el Congreso del Estado: la reforma al Código Penal estatal espera dictamen en comisiones, y la cifra de casos registrados en Baja California continúa sin publicarse.
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