El gobierno de Estados Unidos publicó el 6 de octubre de 2026 en el Registro Federal las sanciones contra 21 personas y 25 empresas señaladas por su vínculo con el Cártel de Sinaloa, varias con operaciones en Mexicali y Tijuana. La medida congela sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe que ciudadanos y compañías de ese país hagan transacciones con ellos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro había anunciado las designaciones el 29 de septiembre de 2026 y publicó el oficio 2026-20425 el martes 6 de octubre; el diario Zeta Tijuana dio cuenta de esa publicación. Las designaciones se aplican bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, según López-Dóriga. El comunicado oficial describe, en palabras recogidas por Excélsior, el «alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en la gobernanza mexicana, particularmente en Baja California». El Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la detención de Alfonso y René Arzate García, señalados como jefes de plaza en Tijuana, y la misma suma por Juan José Ponce Félix, El Ruso, con operación en Mexicali.
Entre los sancionados figuran Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali; Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal; y los hermanos Carlos Alberto y Luis Alfonso Torres Torres. El bloque de empresas incluye casas de cambio en Tijuana y Mexicali, gasolineras, un bar, un restaurante y firmas de seguridad privada. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró: «Desconozco todos los hechos que se presentan en esta acusación, denuncia anónima que se presentó ante la FGR». Su administración ordenó revisar los contratos estatales vigentes con las compañías señaladas, de acuerdo con La Política Online, y ayuntamientos de Baja California anunciaron que las bloquearán en compras y licitaciones, según El Norte. El director del Cecytebc renunció tras la sanción estadounidense contra su hermano, reportó La Jornada.
Las designaciones son medidas administrativas: no equivalen a una condena penal y hasta ahora no se han anunciado detenciones derivadas del expediente. Lo que sigue ocurre en el estado: revisar qué contratos públicos siguen vigentes con las empresas enlistadas y si las próximas convocatorias de compra las excluyen.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes locales verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.
