Representantes del Colegio de Abogados de Tijuana acudieron el 21 de septiembre a Mexicali para exigir al gobierno estatal, a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana un protocolo de protección para litigantes, en una entidad donde el gremio contabiliza al menos 18 abogados asesinados en el último lustro.
La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) sostiene que el registro equivale a un patrón dirigido al gremio. Su presidente nacional, José Emmanuel Hernández Sánchez, afirmó que "estadísticamente, al llevar 18 abogados que han sido privados de la vida tan solo en lo que va de cinco años, es muchísimo". El diagnóstico gremial apunta a un rezago de hasta 40 por ciento en las oficinas receptoras de denuncias y a que 93.4 por ciento de los delitos no se denuncian, según Uniradio Informa.
La exigencia no es nueva. El 11 de septiembre abogados de varios municipios se manifestaron frente al Poder Ejecutivo en Mexicali y se reunieron con la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, el secretario de Seguridad Ciudadana Laureano Carrillo Rodríguez y el secretario general de Gobierno Juan José Pon Méndez, según Zeta Tijuana. El gremio plantea un mecanismo comparable al que ya existe para periodistas.
El presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Daniel Avitia Beltrán, resumió la postura del gremio: "Queremos respuestas, queremos que se muevan, que hagan su trabajo, queremos resultados". Añadió que la violencia ya no se concentra en litigantes penalistas: "ya se está catalogando, o más bien, ya se dice entre el gremio que nuestra profesión es una profesión de alto riesgo". David Jesús Rincón Rey, presidente estatal de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Baja California, dijo que la tecnología del botón de pánico ya fue entregada a las autoridades y que las familias de los abogados asesinados deben recibir información veraz.
La Fiscalía General informó de la detención de dos personas vinculadas a proceso por el homicidio de un abogado retirado ocurrido el 4 de septiembre en Playas de Tijuana, reportó El Imparcial; Avitia señaló que el gremio no ha recibido información oficial sobre el móvil. El botón de pánico y las medidas cautelares siguen sin fecha de arranque: las siguientes mesas entre el gremio, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana definirán cuándo entran en operación.
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