La Fiscalía General de la República informó el 27 de octubre de 2026 que no cuenta con elementos suficientes para investigar al senador Adán Augusto López Hernández ni a Andrés Manuel López Beltrán por el contrabando de combustible del buque Challenge Procyon, el expediente que en Baja California corre en paralelo a 131 carpetas por delitos de hidrocarburos.
En el mismo comunicado, la dependencia reportó 17 personas detenidas y llevadas a proceso penal por la entrada de la embarcación, asegurada con 10 millones de litros de hidrocarburos no declarados en la zona portuaria de Tampico-Altamira, en marzo de 2025, según el recuento de Zeta Tijuana. En Baja California, las indagatorias por la Ley de Hidrocarburos pasaron de 38 a 131 en un semestre, un alza de 245% frente al mismo lapso de 2023, de acuerdo con Milenio.
El pronunciamiento respondió a la entrevista televisiva del almirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso por huachicol fiscal, quien señaló al senador y al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador como responsables del contrabando. La Fiscalía clasificó esos dichos como «testigos de oídas» y sostuvo que «carecen de la solidez o fundamento legal suficiente para llevar a cabo una indagatoria». Para Baja California el criterio pesa porque cinco aduanas de la entidad, entre ellas Tijuana, Mexicali y Otay, figuran entre los puntos donde se reportan importaciones de combustible, según Milenio.
La indagatoria sigue abierta contra los almirantes Rubén Alfonso Vargas Suárez, ex administrador de la Aduana, y Luis Jorge Goicoechea Sotomayor, ex director de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico, de acuerdo con El Universal. En el estado, el mismo delito tiene su expediente de mayor escala en la red atribuida al exgobernador Ernesto Ruffo Appel y a la empresa Ingemar, con un daño fiscal estimado en más de 4,000 millones de pesos, según Milenio.
El expediente del Challenge Procyon sigue en el juzgado federal con 17 personas procesadas y dos indagatorias abiertas. En Baja California, las carpetas por delitos de hidrocarburos de 2026 superan en 245% a las de 2023, y la vía para cualquier señalamiento nuevo es el juez, no la entrevista televisiva.
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