El juez federal Trevor McFadden, de la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, fijó el 5 de septiembre de 2028 como fecha de inicio del juicio contra Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, Omar Treviño Morales, Z-42, y Alfredo Rangel Buendía, señalados como dirigentes de la red que operó como Los Zetas y después como Cártel del Noreste.
El calendario, difundido por Excélsior el 5 de noviembre de 2026, prevé casi dos años de litigio previo: en octubre de 2027 se discutirán las mociones pendientes y el 5 de enero de 2028 vence el plazo para que la defensa solicite excluir intercepciones de comunicaciones. La fiscalía debe revelar a sus peritos el 31 de enero de ese año y la defensa los suyos el 6 de marzo.
Los tres acusados se declararon no culpables en su primera comparecencia, el 14 de marzo de 2025, por crimen organizado, tráfico de cocaína y marihuana, posesión de armas y lavado de dinero, según Infobae. Los hermanos fueron expulsados de México hacia Estados Unidos en febrero de 2025, junto con otros presuntos operadores de alto nivel. La defensa sostiene que el expediente, de entre 4 y 4.9 millones de archivos y 1.5 millones de grabaciones de audio, no puede revisarse antes de 2029; la fiscalía propuso enero de 2028.
El punto fino es la evidencia. La defensa conserva la posibilidad de pedir que se excluyan las interceptaciones recabadas en la indagatoria, y por el volumen del material pendiente el juez recorrió su fecha tentativa de mayo a septiembre de 2028. La fiscalía estadounidense tampoco buscará la pena de muerte, según Telediario. En Baja California el caso se lee en espejo: en marzo de 2026 se reportó la detención en el estado de Genaro N, El G, reclamado por la Corte de Distrito Sur de California, en San Diego, por tráfico de drogas y varios túneles fronterizos, de acuerdo con Infobae.
Para quien vive en Tijuana o Mexicali, el calendario marca el ritmo real de esos expedientes: la siguiente cita relevante es la audiencia de mociones de octubre de 2027 y la lista definitiva de pruebas se entrega en julio de 2028. Hasta entonces, cada resolución sobre el material incautado se podrá seguir en el expediente de la Corte de Distrito de Columbia.
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