Baja California perdió 97,813 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en octubre de 2026, una reducción de 8.9% frente a septiembre, de acuerdo con los registros del propio instituto. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana pidió este 16 de noviembre que la autoridad aclare cuánto de esa baja corresponde a un ajuste administrativo del IMSS y cuánto a pérdidas reales de empleo.
El padrón estatal pasó de 1,102,860 trabajadores asegurados en septiembre a 1,005,047 en octubre. En Tijuana, la caída fue de 57,232 puestos, equivalente a 9.3%, y dejó 560,743 registros, prácticamente el mismo nivel de abril de 2021, cuando sumaban 560,794, según las cifras difundidas por Industrial News Baja California y Diario Tijuana.
La cifra se suma a un desencuentro público entre el sector empresarial y el gobierno estatal. En marzo de 2026, el titular de la Secretaría de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, cuestionó la metodología del CCE y sostuvo que la economía de Baja California seguía creciendo. El organismo atribuye la caída a infraestructura energética insuficiente, problemas de movilidad, demoras de dos a tres horas en los cruces fronterizos los fines de semana, inseguridad, incertidumbre jurídica y volatilidad cambiaria.
“No necesitamos únicamente anuncios de inversión. Necesitamos inversiones que se concreten, empresas que permanezcan y empleos que efectivamente se generen», declaró Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE de Tijuana. El dirigente sostuvo que «detrás de cada puesto de trabajo que desaparece puede existir una familia que pierde ingresos». El organismo planteó cinco acciones: publicar cada mes los registros del IMSS por sector y municipio; impulsar estímulos fiscales para retener y atraer inversión; acelerar obra de infraestructura; fortalecer a micro, pequeñas y medianas empresas; y fijar indicadores públicos medibles sobre recuperación del empleo formal.”
El CCE prevé reunirse con Honold para actualizar la Política de Desarrollo Empresarial, en una agenda conjunta con gobiernos federal, estatal y municipal, academia y trabajadores. La primera prueba será si la autoridad estatal acepta transparentar el desglose mensual del IMSS y explicar el origen de los 97,813 puestos perdidos.
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