El miércoles 14 de octubre de 2026, más de 30 periodistas marcharon por el bulevar Santa Anita, en Tecate, y elevaron cinco drones frente al domicilio de Jorge Ismael Caro Romo, reportero de la Agencia Fronteriza de Noticias, para exigir protección permanente tras la irrupción armada que denunció el sábado 10 de octubre, de acuerdo con el recuento de Zeta Tijuana.
La movilización recorrió más de un kilómetro por el bulevar Santa Anita bajo resguardo de corporaciones municipales, estatales y de la Guardia Nacional, según El Sol de Tijuana. El caso se remonta a la noche del sábado 10 de octubre, cuando hombres armados entraron a la vivienda del reportero mientras elevaba un dron para fotografiar la llegada de la tormenta tropical Rachel, lo amenazaron y se llevaron su teléfono celular, un dron y equipo de cómputo, informó Uniradio Informa.
Baja California es una de las entidades con mayor riesgo documentado para la prensa: el fotógrafo Margarito Martínez Esquivel fue asesinado el 17 de enero de 2022 y la periodista Lourdes Maldonado el 23 de enero de ese año, esta última con el botón de pánico del mecanismo estatal activado, según Zeta Tijuana. El caso deja a la vista cómo funciona ese mecanismo en la práctica.
Según el colectivo #YoSíSoyPeriodista, el mecanismo estatal le entregó un botón de pánico y contactos de emergencia, pero le negó custodia policiaca con el argumento de que la revisión de sus medidas no lo ameritaba, por lo que el reportero dejó su casa. «El compañero se tuvo que rascar con sus propias uñas», dijo Sonia de Anda, coordinadora del colectivo, a Zeta Tijuana. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió un expediente y pidió protección inmediata para el comunicador, reportó El Sol de Tijuana.
La denuncia penal sigue sin formalizarse. De acuerdo con el colectivo, en la Fiscalía General del Estado le dijeron que sólo podían levantar denuncias del fuero común, y en la delegación de la Fiscalía General de la República le pidieron regresar a las 17:00 horas porque el personal estaba en horario de comida. «Lo correcto es que le levanten la denuncia en la Fiscalía, que no sigan postergando esto», señaló De Anda a Uniradio Informa.
El colectivo pidió que el caso sea atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y que la denuncia se reciba sin más postergaciones.
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